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Critican que justicia use la ley antiterrorista contra protestas

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lunes 3 de marzo de 2014  08:16 AM
"Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años".

El dirigente opositor Leopoldo López, quien desde el pasado 18 de febrero está detenido en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), no es el único al que el Ministerio Público desea procesar por este delito previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo.

Los fiscales recurren a esta norma en reiteradas ocasiones en las últimas semanas y se la han achacado a no pocos de los casi mil venezolanos que hoy están procesados por participar en las manifestaciones y en los disturbios en las que han degenerado algunas de ellas.

La información la suministró Nizar El Fakih, miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las organizaciones que ha representado a los aprehendidos, y quien indicó: "En varios de los casos que hemos llevado en Caracas los fiscales han llegado y han imputado a los manifestantes detenidos por los mismos delitos: Obstrucción de vías, daños al patrimonio, resistencia a la autoridad, instigación para delinquir y si presentan a grupos por asociación para delinquir".

Para el catedrático de Derecho Penal, José Luis Tamayo, el uso "tipo comodín" que vienen haciendo los fiscales, con la anuencia de los jueces, de la norma de la Ley contra el Terrorismo "es algo grotesco".

"¿Qué es asociación para delinquir? Que tú, yo y otra persona nos unamos para hacer actos de delincuencia organizada (secuestro, homicidio o terrorismo). Sin embargo, se lo aplican a personas que coincidieron en un lugar y en momento y se pusieron a tirar piedras", afirmó quien fuera corredactor del proyecto de Código Penal que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó a la Asamblea Nacional en 2004.

En similares términos se pronunció el exdecano de la Facultad de Ciencias Política y Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela, Alberto Arteaga Sánchez, quien denunció que el fin es criminalizar las protestas: "A aquellos que antes se ponían capuchas y se enfrentaban con la policía cuando los detenían los dejaban en libertad, pero ahora se les abren procesos judiciales y se les imponen restricciones a la libertad como la prohibición inconstitucional de declarar a los medios o de manifestar, lo cual es una forma de castigarlos por ejercer un derecho".

Tamayo tiene la misma creencia. "Como la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) fijó en ocho años el tope de los delitos considerados menos graves, los cuales deben ser juzgados en libertad, los fiscales apelan a la asociación para delinquir, que supera ese techo, para así evitar que los manifestantes salgan en libertad plena o se les someta al nuevo procedimiento que castigaría con trabajo comunitario a quienes se hayan excedido al protestar", dijo.